Parece que ahora que impera la austeridad y el recorte de gastos, las Administraciones Públicas tienen que buscar dinero de donde sea para poder hacer frente a sus necesidades más perentorias. Pese a ser un tema que se ha tratado largo y tendido en este foro, hoy vuelvo a meditar sobre la conveniencia e idoneidad de los impuestos que gravan la adquisición de un coche. Y lo hago movido por una noticia leída en el periódico El Mundo en la que se reflejaba que el gobierno está estudiando la posibilidad de modificar la Ley de Calidad del Aire aprobada en 2007 en la que se regula el Impuesto de Matriculación, reconvertido entonces en “tasa verde”, para que no queden exentos del mismo muchos de los motores diésel actuales que emiten menos de 120 gramos.
De la información se desprende que el espíritu del precepto legal es mejorar el medioambiente, quedando la faceta recaudatoria en un segundo plano. Por eso mismo, se gravan a los vehículos que más contaminan. Desde este punto de vista, apoyándonos en la actual legislación, muchos de los motores diésel están exentos debido a sus bajas emisiones de CO2. El problema, sin embargo, es más complejo ya que estas mecánicas expulsan otras partículas y gases como los óxidos de nitrógeno (NOx) con gran parte de culpa sobre la polución en general.
Es evidente que la norma vigente no es buena. Mientras que para mí falla desde el punto de vista en que muchos automóviles -los de gasoil– no pagan impuesto a pesar de ser contaminantes; para el estado la norma no es buena porque se ha convertido en un coladero debido a las exenciones de las que gozan una gran parte de los modelos vendidos. Por eso, a pesar de lo que digan, me cuesta creer que la posible reforma no tiene un fin recaudatorio.
El efecto más beneficioso de la actual legislación ha sido la reducción de emisiones de CO2 de los coches nuevos en un grado muy considerable. Por otra parte, la normativa europea (Euro V) ya es muy exigente en lo que respecta a las partículas, siendo prácticamente nulas gracias a los actuales filtros de partículas. Además, la futura Euro VI, que entrará en vigor en 2014, obligará a los fabricantes a reducir un 80% sus emisiones de NOx.
Con este escenario tenemos que los vehículos nuevos emiten muchas menos sustancias nocivas que los de hace unos años. De hecho, Anfac ha resaltado que 100 automóviles actuales contaminan lo mismo que uno sólo de los años setenta. Las marcas, según El Mundo, no se tragan el supuesto interés medioambiental de gravar más a los diésel. Si realmente existiese un interés distinto al recaudatorio, se aprobarían medidas de renovación del parque, excesivamente envejecido y por ello más contaminante. Veremos en qué acaba todo esto.
Mar 17 2012
Se especula acerca de una nueva modificación impositiva que penalizaría a los vehículos diésel
Parece que ahora que impera la austeridad y el recorte de gastos, las Administraciones Públicas tienen que buscar dinero de donde sea para poder hacer frente a sus necesidades más perentorias. Pese a ser un tema que se ha tratado largo y tendido en este foro, hoy vuelvo a meditar sobre la conveniencia e idoneidad de los impuestos que gravan la adquisición de un coche. Y lo hago movido por una noticia leída en el periódico El Mundo en la que se reflejaba que el gobierno está estudiando la posibilidad de modificar la Ley de Calidad del Aire aprobada en 2007 en la que se regula el Impuesto de Matriculación, reconvertido entonces en “tasa verde”, para que no queden exentos del mismo muchos de los motores diésel actuales que emiten menos de 120 gramos.
De la información se desprende que el espíritu del precepto legal es mejorar el medioambiente, quedando la faceta recaudatoria en un segundo plano. Por eso mismo, se gravan a los vehículos que más contaminan. Desde este punto de vista, apoyándonos en la actual legislación, muchos de los motores diésel están exentos debido a sus bajas emisiones de CO2. El problema, sin embargo, es más complejo ya que estas mecánicas expulsan otras partículas y gases como los óxidos de nitrógeno (NOx) con gran parte de culpa sobre la polución en general.
Es evidente que la norma vigente no es buena. Mientras que para mí falla desde el punto de vista en que muchos automóviles -los de gasoil– no pagan impuesto a pesar de ser contaminantes; para el estado la norma no es buena porque se ha convertido en un coladero debido a las exenciones de las que gozan una gran parte de los modelos vendidos. Por eso, a pesar de lo que digan, me cuesta creer que la posible reforma no tiene un fin recaudatorio.
El efecto más beneficioso de la actual legislación ha sido la reducción de emisiones de CO2 de los coches nuevos en un grado muy considerable. Por otra parte, la normativa europea (Euro V) ya es muy exigente en lo que respecta a las partículas, siendo prácticamente nulas gracias a los actuales filtros de partículas. Además, la futura Euro VI, que entrará en vigor en 2014, obligará a los fabricantes a reducir un 80% sus emisiones de NOx.
Con este escenario tenemos que los vehículos nuevos emiten muchas menos sustancias nocivas que los de hace unos años. De hecho, Anfac ha resaltado que 100 automóviles actuales contaminan lo mismo que uno sólo de los años setenta. Las marcas, según El Mundo, no se tragan el supuesto interés medioambiental de gravar más a los diésel. Si realmente existiese un interés distinto al recaudatorio, se aprobarían medidas de renovación del parque, excesivamente envejecido y por ello más contaminante. Veremos en qué acaba todo esto.
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