SE INVESTIGAN PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN EMPRESAS DE ALQUILER DE COCHES

Varios medios han informado de una investigación que está llevando la Comisión Nacional de la Competencia a una serie de empresas de alquiler de vehículos sin conductor por posibles prácticas anticompetitivas. Pese a que no se cita el nombre de ninguna de las implicadas, parece ser que habrían llegado a acuerdos para repartirse el mercado fijando un sistema de precios mínimos.

Hay que tener en cuenta que el sector del rent a car ha sufrido una serie de cambios y modificaciones en los últimos años, con una bajada generalizada de las tarifas y una disminución en la facturación.

Este segmento está particular ligado al turismo y sus vaivenes, con una  gran parte de sus ingresos originados por el alquiler de coches a turistas y veraneantes. Pero esto no implica que si el turismo tiene un buen año, lo tengan también las empresas alquiladoras.

A parte de las grandes de toda la vida, con significativas cuotas de mercado, han aparecido una serie de compañías menores que también se han hecho con su porción del pastel. Y este exceso de oferta ha hecho que muchas no hayan podido aguantar el tirón de la constante bajada de precios y se hayan visto abocadas al cierre.

Por otra parte, las alquiladoras tienen que reducir sus costes fijos mediante una buena planificación en sus adquisiciones de flotas. Pero se están encontrando con que cada vez los vehículos se reservan con menos antelación o ninguna, prefiriendo el turista medio alquilar directamente  una vez que se encuentra ya en el destino. Debido a esta costumbre, en momentos puntuales no puede atenderse a toda la demanda debido a que no hay suficientes coches; mientras que en otras situaciones se quedan demasiados vehículos parados en los aparcamientos. Y todo ello sin tener en cuenta que comienza a darse una acusada tendencia por la que cada vez se alquilan más automóviles de gama baja -más baratos y menos rentables- y por menos tiempo.

Estas particularidades están haciendo que el sector se enfrente a unas dificultades que no todo el mundo sabe encarar correctamente. Es comprensible que, ante la reducción de márgenes, los distintos establecimientos se garanticen un precio mínimo con el que poder mantener su actividad.

De hecho, en caso de que al final se demuestre la existencia de dichas prácticas, no sería el único sector que está tratando de protegerse con acuerdos anticompetitivos. Es evidente que organizar un cártel supone un perjuicio al consumidor, que se verá obligado a pagar más por el mismo servicio. Sin embargo, en España no se dan condiciones de competencia perfecta y en muchos sectores –no sólo en el del alquiler de coches– los precios de mercado están por debajo del coste. Esto se debe a ataques de dumping llevados a cabo por los más fuertes -o más temerarios-, con el fin de eliminar a la competencia y dar salida a los excedentes.

Obviamente, si la estrategia suicida de bajada de precios no se detiene de alguna forma, el consumidor final también saldrá mal parado. Una vez que se cumpla el objetivo y la competencia se haya visto reducida -o, incluso, haya desparecido-, nos hayaríamos ante las condiciones de un oligopolio o monopolio con precios más altos por la rigidez y escasez de la oferta.

De cualquier forma, estas técnicas colusivas tan agresivas están muy mal vistas y, en caso de que se demostrase su existencia, el artículo 1 de la Ley 15/2007, sobre Defensa de la Competencia, prevé multas de hasta el 10% del volumen de negocio de la empresa infractora. Por eso no creo que a nadie le compense arriesgarse tanto simplemente para arañar unos pequeños beneficios a mayores. Aunque todo dependerá del montante de esos beneficios.