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Probablemente la compra de un coche nuevo sea una de las actividades económicas que más presión fiscal soportan. Y es que el Estado siempre ha opinado que el vehículo es un objeto de lujo que debe estar especialmente gravado, al igual que las joyas o las pieles. Esta percepción, fruto de épocas de escasez y autarquía, ha hecho que el fisco se acostumbre a obtener una gran recaudación por ese concepto y que en la actualidad no este dispuesto a renunciar a pesar de que  los hechos imponibles generadores de dichas tasas necesitan una revisión cuanto antes.

El primer impuesto que se aplica al adquirir un automóvil nuevo es el IVA. El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto que grava el consumo. Los consumidores –en este caso el propietario del vehículo– son los que pagan el impuesto. No obstante, la particularidad es que no es Hacienda quien se lo cobra, si no el propio vendedor. El agente de ventas tiene la obligación de pagar lo que le corresponda a la Agencia Tributaria. Como se grava toda la cadena, los intermediarios tan sólo declaran la diferencia entre lo que ellos han pagado de IVA y lo que han cobrado de su cliente. Al final, se consigue el efecto de que sea el consumidor final el único que no puede deducirse nada, con lo que sobre sus espaldas recae la carga fiscal en su totalidad.

Con carácter general, sobre la adquisición de un coche recae un 18% de IVA. Aunque no me parece una tasa justa, ya que se penaliza el consumo, no quiero entrar aquí a juzgar la idoneidad de este impuesto que es común a toda la Unión Europea.

Otro gravamen que se aplica a todos los automóviles nuevos sería el Impuesto Especial Sobre Determinados Medios de Transporte, habitualmente denominado Impuesto de Matriculación. Es un tributo que se aplica al realizar la primera matriculación en España de un vehículo provisto de motor para su propulsión. Es decir, que no sólo grava las adquisiciones de turismos, si no que las motos, los barcos o las aeronaves también están incluidas en esa tasa.

El Impuesto de Matriculación es el que antiguamente se denominaba Impuesto de Lujo. Ahora mismo se considera un impuesto verde ya que favorece a los coches que menos emisiones de CO2 expulsan, aplicando exenciones o reducciones en los tramos impositivos. Frente a una norma que establecía dos vertientes en función de la cilindrada, en enero de 2008 entró en vigor la nueva legislación que establecía cuatro tipos impositivos dependiendo de la cantidad de CO2 declarada por cada fabricante.

• De 0 a 120 gramos de CO2, pagarían el 0% de la base imponible (la misma que para calcular el IVA).
• De 121 gramos de CO2 a 160, el 4,75%.
• De 161 gramos a 200, el 9,75%.
• De 200 gramos en adelante, el 14,75%.

Como este impuesto es recaudado por las Comunidades Autonómas, en cada una de ellas pueden establecerse diferencias en cuanto al tipo impositivo. De hecho, en regiones como Cataluña, Andalucía o Asturias se ha aprobado la subida de dicho impuesto, teniendo que pagar un tipo más alto que el general a nivel nacional.

Se supone que el fin de esta exacción es la de forzar a los fábricantes a que reduzcan emisiones en sus modelos comercializados, a la vez que se quería fomentar la compra de vehículos menos contaminantes. Sobretodo los que están por debajo de 120 gramos, que quedan exentos del Impuesto.

Pero creo que está norma no fue suficientemente meditada antes de su promulgación. Más que nada porque, si el fin es contaminar menos, no deberían haberse centrado sólo en las emisiones de CO2, olvidando que los automóviles expulsan otros muchos tipos de gases igualmente nocivos para el medioambiente. De hecho, los motores que menos CO2 emiten son los diésel. Sin embargo, como contraprestación, son más sucios debido a que generan más partículas y óxido de nitrógeno que los gasolina.

Otro de los efectos con los que creo que el Gobierno no contaba era el descenso en la recaudación. Debido a su poco conocimiento del sector –ya hemos dicho en otras ocasiones que la capacidad de adaptación de los fabricantes a las circunstancias cambiantes es espectacular– los fabricantes han trabajado duro para conseguir un descenso generalizado de las emisiones de CO2 de todos los modelos. Si cuando se aprobó la ley tan sólo el 10% de los coches vendidos -casi todos híbridos y pequeños utilitarios- bajaban de 120 gramos, actualmente el 37% por ciento de los vehículos a la venta están exentos del impuesto.

Pero el Gobierno, en lugar de congratularse por el éxito conseguido, ha llegado a plantearse la posibilidad de reducir aún más las emisiones de CO2 para que un número máyor de automóviles tengan que pagar la tasa verde al ser adquiridos. Y eso me hace cuestionarme si el fin del Ejecutivo es reducir la contaminación o simplemente usan la política fiscal de modo confiscatorio, para aumentar sus ingresos en estos tiempos de ajustes y recortes.

Parece ser que esta reforma ha quedado aparcada ante la inminencia de las próximas elecciones. Está claro que el Gobierno que resulte elegido –sea del partido que sea- el próximo 20 de noviembre se va a encontrar la pelota en su propio tejado y tiene la obligación de jugarla. Aunque me parece que van a pasar todos de puntillas durante la campaña electoral. Es obvio que en ciertos temas prefieren no mojarse hasta que tengan la poltrona asegurada.

El último impuesto con el que saquean a los propietarios de vehículos las Administraciones Públicas es el Impuesto de Rodaje. También conocido como Impuesto de Circulación o Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, grava la titularidad de un automóvil apto para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría. Por el mero hecho de conducir nuestro coche tenemos que pagar una tasa al Ayuntamiento. La norma dice que se liquida anualmente en el municipio en el que lo tengamos domiciliado.

Centrándonos en el espíritu de la norma, el abono de dicha tasa nos permitiría, no sólo la libre circulación por las calles y carreteras públicas, si no que también podríamos utilizar el espacio urbano para aparcar. Pero los Ayuntamientos, guiados por su proverbial voracidad, inventaron hace ya bastantes años un sistema de cobro por estacionamiento en esas vías públicas por las que ya saldamos el Impuesto de Circulación. Y esa forma perversa de ingresar dinero a costa del sufrido conductor se camufla con distintos nombres, pero se basa siempre en las mismas premisas: abonar una tarifa variable en función del tiempo que pasa estacionado el vehículo del usuario en una determinada calle, que se supone que es de todos. Esa zona de aparcamiento regulado supone, en mi opinión, una doble imposición fiscal. Pero hay que tener paciencia y amplios recursos para demandar a una Administración que, en las primeras instancias, suele actuar como juez y parte.

Mientras tanto, continuarán aprovechándose del ciudadano indefenso que no puede hacer otra cosa que patalear cuando observa una multa en el parabrisas por haberse excedido del tiempo que figuraba en un papelito expedido por una máquina recaudadora de dudosa legalidad.